¿Hacia dónde va el mercado laboral argentino en el mundo capitalista?

Por José Carlos Ortiz[i]

Atrás quedaron los “Gloriosos años dorados” del capitalismo. Una época marcada por treinta años de aumento de la producción, incremento de salarios, una política laboral de pleno empleo y un incremento de la cobertura social que alcanzó a muchos sectores de la población gracias a la presencia del Estado Benefactor.

A partir de los 70 una nueva corriente de pensamiento se expandió por el mundo: el neoliberalismo. Doctrina que poco a poco fue desarmando al Estado de Bienestar mediante la reducción del empleo público y privado o la disminución de la inversión social en servicios públicos básicos como la salud y la educación.

Hoy el capitalismo mundial parece estar cada vez más alejado de aquellos años gloriosos, al contrario, parece más encaminado a profundizar las brechas entre ricos y pobres a través de políticas económicas que permiten a los primeros incrementar cada vez más ganancias a costa de los segundos, que se ven empujados a la marginalidad como consecuencia de la pérdida de empleo asalariado, el despojo de sus tierras para tareas consistentes en extractivismo y una vida sumergida en el pauperismo debido a la imposibilidad de acceder a una cobertura de salud de calidad y en mucho menor medida a una educación que les garantice el tan ansiado ascenso social.

El mercado de trabajo actual ha cambiado radicalmente producto de la “uberización” de la economía, la automatización de la producción y la deslocalización de muchas empresas transnacionales hacia países del Tercer Mundo, donde la mano de obra es barata y existe poca o ninguna regulación en materia laboral por parte del Estado. Esto también conlleva a la pérdida de puestos de trabajo en los países del primer mundo.

Durante los años gloriosos la clase obrera supo contribuir a la acumulación del capital de empresas como Ford o General Motors a cambio de salarios altos que les permitían acceder a bienes de consumo masivos que antes les estaban vedados; además gozaban de otros beneficios como seguros sociales, aguinaldos, vacaciones pagas y acceso a servicios públicos de manera gratuita. La aspiración de todo trabajador era ingresar a una empresa a los 18 años y jubilarse en la misma a los 60.

Son muchos los que en la actualidad se encuentran desempleados, subocupados o desempeñando trabajos autogestivos. La idea del trabajo asalariado como única forma posible de ingreso al mercado laboral y fuente principal de cohesión social, parece ser cada vez más lejana.

Los Programas de transferencias condicionadas de ingreso como “alivio” de la pobreza

¿Qué respuestas suelen dar los diferentes Estados del mundo a estos miles de millones de trabajadores expulsados del mercado laboral asalariado? Pues muchos optan por la implementación de políticas asistencialistas focalizadas, que reciben el nombre de Programas de transferencias condicionadas de ingreso (PTC) Los ejemplos más comunes son la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina, el Bolsa Familia en Brasil o el RMI (Revenu Minimum d’insertion) en Francia. Este tipo de políticas si bien suelen funcionar como una suerte “alivio” para la situación de pobreza, permitiendo a muchas familias “sobrevivir”, pero terminan contribuyendo aún más a la reproducción de la misma. Es decir, no les garantiza abandonar la exclusión y la marginalidad.

Esto mismo ha ocurrido con el Sistema Speenhamland implementado en Inglaterra durante el siglo XVIII. En la obra de Karl Polanyi titulada “La gran transformación” se dice que aquél sistema estuvo vigente entre los años 1795 y 1834, el cual consistía en otorgar un subsidio a los pobres cuya finalidad era garantizar “el derecho a vivir”. Dicho sistema preveía ser un beneficio para el trabajador, pero resultó más favorable a los empresarios, ya que éstos solo pagaban una parte del salario, el resto se complementaba con los aportes de los contribuyentes. En otras palabras, los patrones decidían no aumentar los salarios y dejaban que el resto lo aportara el Estado.

La ley tenía un carácter paternalista y popular ya que todos lo percibían, incluso los que no trabajaban. El autor nos dice que esta ley impidió la formación de un mercado de trabajo porque los pobres al ser conscientes de que percibirían el subsidio estén o no empleados preferían inclinarse por la opción de no trabajar. Debemos aclarar que este complemento salarial aumentaba por encima de la inflación y servía como un paliativo contra la hambruna permitiendo a cada familia acceder al pan.

Un dato no menor es que las personas beneficiadas por este tipo de programas son víctimas de la aporofobia de los sectores medios y altos. Es muy común escuchar expresiones como “prefieren el plan antes que trabajar” o “se embarazan para cobrar el plan” que son estigmatizantes. Según el imaginario social estas personas no trabajan, no realizan ningún tipo de actividad, son ciudadanos que “de forma parasitaria” extraen recursos del Estado. Nada más lejos de la realidad, es bien sabido que muchos de los beneficiarios de dichos programas desempeñan tareas como vendedores ambulantes o “changarines”, esto le permite tener mayores ingresos dado que lo que reciben por parte del Estado no les alcanza. Al tener dos ingresos pueden destinar una parte al pago de impuestos y la otra al consumo.

El mercado laboral argentino actual

¿Cómo es la realidad actual del mercado laboral argentino?  Pues bien, si tomamos en cuenta el trabajo publicado por la CIPPEC junto al BID y la OIT el año pasado, podemos decir que según los datos de 2017 nuestro país posee un 74,6% de sus ocupados en condición de asalariados, un 20,9% son cuentapropistas, un 3,8% son patrones y un 0,6% lo componen los trabajadores familiares. Ahora bien, dentro de ese 74,6% un 38% eran asalariados plenos, un 26% eran sobre-ocupados y un 36% pertenecía a alguna forma atípica de empleo. Esta última categoría está integrada por un 14,6% de trabajadores part-time, un 5,3% de subempleados, un 3,6% de trabajadores en empleos temporales, un 1,8% son trabajadores part-time temporales y por último 1,6% son temporales sub-empleados.

El sector no-asalariado de nuestro país está compuesto por el 25,4% de la población. Al interior del mismo podemos encontrar un 6,9% de trabajadores por cuenta propia sobreocupados, un 5,3% de empleados por cuenta propia que son ocupados plenos, un 4,3% que son cuenta propistas y sub-empleados y finalmente un 4,4% cuenta propistas part-time.

 Si bien los números pueden marearnos un poco, lo primordial es entender que el 38% de los que se consideran asalariados plenos, es decir, trabajadores en relación de dependencia que realizan sus actividades entre 35 y 45 horas semanales (ocho horas de lunes a viernes) con fines de semana de descanso y beneficiarios de todos los derechos que brinda el art. 14 bis de la Constitución Nacional, responden a una relación laboral en el sentido más tradicional.

Al comparar el porcentaje que componen estos trabajadores con el resto nos damos cuenta que hay una pérdida del empleo asalariado en el sentido más tradicional. Este es el tipo de trabajo al que sigue aspirando la gran mayoría de nuestros ciudadanos, pero que dada las condiciones del capitalismo actual descritas con anterioridad parecería más alejada la idea de incorporarlos a este tipo de mercado laboral.

Hemos dicho que el 26% eran sobreocupados, es decir que trabajan más de 45 horas semanales (más de ocho horas por día) Un ejemplo típico son aquellas personas que deben realizar dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Esta es una tendencia que viene creciendo desde los últimos años como consecuencia de la inflación.

Dentro de las formas atípicas (36%) incluimos a los trabajadores part-time, aquellos que trabajan 6 horas por día que por lo general son universitarios que tratan de conciliar estudio y trabajo. Las pasantías suelen ser un ejemplo de contratación part-time temporales, muchas empresas e incluso el Estado buscan ahorrar costos contratando jóvenes por un período de tres a seis meses o a veces un año. Aquí también incluimos a los sub-ocupados aquellos que no tienen ocupación fija; pueden estar desocupados o realizar tareas de tiempo parcial.

Por último, tenemos a los cuentapropistas (25,4%) es decir aquellos que no están en relación de dependencia, sino que trabajan para sí mismos. Algunos estudios sugieren que existen tres tipos de cuentapropistas: los profesionales (médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc.) los que realizan oficios (profesores, técnicos, enfermeros, albañiles, remiseros, etc.) los que forman parte de la economía popular[1] (changarines, vendedores ambulantes, etc.)

¿Qué sucede con los monotributistas? Pues bien, es obvio que para el Estado son trabajadores autónomos (cuentapropistas), no perciben un salario como tal, sino que en su lugar reciben haberes. No firman un contrato de trabajo sino más bien que realizan locación de servicios. Es muy frecuente que tanto el Estado como las empresas recurran a este tipo de contratación para ahorrar costos (aguinaldo, jubilaciones, vacaciones pagas, horas extras, etc.) Además, un trabajador de estas características no está sindicalizado, razón por la cual el empleador no tendrá que lidiar con paros en reclamo de mejores condiciones salariales ni tampoco negociar aumentos.

Son las economías de plataforma como Uber, Rappi, y Pedidos Ya, que recurren a este tipo de contratación. No solo deben trabajar más de ocho horas al día, sino que también están expuestos a diversos tipos de riesgos.

 

El rol del Estado frente a este nuevo panorama

Para ir finalizando nos queda una última pregunta por hacernos ¿qué debería hacer el Estado argentino para enfrentar la crisis del mercado laboral? En primer lugar, no debería depender pura y exclusivamente de los programas de transferencias condicionadas de ingreso para luchar contra la pobreza. Con esto no estamos diciendo que deben suprimirse estos programas, sino que la erradicación de la exclusión, la desigualdad y el desempleo no pasa solo por la implementación de estas políticas. De hecho, son necesarias pero no suficientes.

En segundo lugar, debería dar apoyo logístico, educativo y financiero a todos los actores que forman parte de la economía popular. Un ejemplo es otorgar créditos a los microemprendimientos familiares o incentivar el armado de redes de trabajadores. Esto en lugar de reproducir la pobreza y la dependencia hacia los recursos estatales, estaría fomentando el trabajo autogestivo y fortaleciendo los lazos de reciprocidad, solidaridad y cooperación entre los sectores populares.

Una tercera opción sería formar y sostener el armado de múltiples cooperativas y PyMES, no sólo porque son fuentes generadoras de empleo, sino que son abastecedoras del mercado interno. Con el apoyo adecuado podrían contribuir al desarrollo de una industria que sustituya la importación de bienes extranjeros.

Bibliografía

Coraggio, J. L. (1999). Capítulo III. Economía popular y economía del trabajo. En J. L. Coraggio, Política social y economía del trabajo (págs. 127-160). Buenos Aires/Madrid: Miño y Dávila Editores.

Coraggio, J. L. (2011). VIII. Principios, instituciones y prácticas de la economía social y solidaria. En J. L. Coragio, Economía Social y Solidaria. El Trabajo antes que el Capital (págs. 345-371). Quito: Abya Yala.

Coraggio, J. L. (2016). La Economía Social y Solidaria (ESS): Niveles y alcances de acción de sus actores. El papel de las universidades. En C. Puig, Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas (págs. 17-39). Bilbao: UPV/EHU.

Coraggio, J. L. (2016). Movimientos sociales y economía. En J. L. Coraggio, Economía social y solidaria en movimiento (págs. 15-35). Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina: Ediciones UNGS.

Coraggio, J. L. (2018). Potenciar la economía popular solidaria: una respuesta al neoliberalismo. Otra Economía, 4-18.

Madariaga, J., Buenadicha, C., Molina, E., & Ernst, C. (2019). Capítulo II. El mercado laboral argentino y las plataformas. ¿Qué dicen los números? En J. Madariaga, C. Buenadicha, E. Molina, & C. Ernst, Economías de plataforma y empleo. ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina? (págs. 43-71). Buenos Aires: CIPPEC, BID y OIT.

Polanyi, K. (2017). La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.

[1] es la economía de los trabajadores, sus familias y comunidades primarias (…). Su lógica no es la de la acumulación sin límites sino la de obtención de medios para la reproducción de sus vidas en las mejores condiciones posibles. (Coraggio, 2016, pág. 27)

[i] Licenciado en Ciencia política (UNLaM) Actualmente cursando la Maestría en Economía Social en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

 

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