Bienvenido el otoño, bienvenido el Estado

Por Consultora Comunitaria*

El gobierno argentino decretó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el aislamiento social preventivo y obligatorio el 19 de marzo del 2020, comenzando a regir al día siguiente, el 20. Según la encuesta, solo el 2,5% de les encuestades respondió estar en desacuerdo con la medida. Es decir, que el 96,7% de las respuestas aprueban esta medida del actual gobierno. Esta medida, tiene como fin evitar la masividad de los contagios, y a fin de cuentas, evitar un colapso y una saturación del sistema de salud argentino (el 74,2% cree que el sistema de salud argentino no esta preparado para contender la pandemia).

A fin de poder juntar todos los recursos médicos disponibles, el Gobierno tuvo la intención de avanzar con una medida donde se centralice tanto la salud pública como la privada. Aunque la medida no fue llevada adelante, hubiese contado con una adhesión (según la encuesta) de un 60,8%. El 81,7% cree que es el Estado quien puede garantizar la salud pública ante la pandemia. Podemos adelantar, como argumento troncal, la preponderancia del Estado como actor social durante esta coyuntura contra el Mercado y su ley de mano invisible.

Si bien la pregunta estaba orientada a un plano moral, el 91% de afirma estar respetando la cuarentena. El gobierno no solo tiene un fuerte respaldo moral, sino que la adhesión también se materializa en la actitud y en la responsabilidad de la sociedad civil que acata y se somete ante el aislamiento. 

Se entiende que la responsabilidad última recae en el plano individual y en las actitudes tomadas por les ciudadanes, pero el Estado debe hacer cumplir la medida. Para esto, se recurrió a las Fuerzas de Seguridad (en asistencia de las Fuerzas Armadas) para desplegar un operativo en las calles. Por ejemplo, varios controles son efectuados por los agentes en los principales accesos a la ciudad. Teniendo en cuenta que el 90,8% piensa que esta medida es buena y necesaria, hay un 5,8% que no.

Aquí se abren varios debates en los cuales la consultora por cuestiones de extensión no va a profundizar mucho, pero si hay una cuestión a destacar: han circulado videos de abusos de autoridad por parte de las fuerzas, desde humillaciones como caminar en rodillas hasta practicas propias de un cuartel (u otro instituto disciplinario) como es cantar el himno nacional. Estas prácticas no son aisladas, fueron promovidas y fecundadas gracias al gobierno anterior, con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lo que podría sintetizarse en la Doctrina Chocobar. Sin embargo, lo que se quiere destacar, es el viraje del gobierno actual: ante los abusos por parte de los agentes, el gobierno intervino apartando. 

Por ende, el 89,1% está de acuerdo con aplicar el código penal a quien no cumplen la cuarentena. Podría deducirse, entonces, que la sociedad está siendo partícipe en el cumplimiento de la misma: no solo acata la restricción y reduce el contacto social, sino que también participa activamente denunciando a infractores como apoyando las medidas punitivas tomadas por el Estado. No fueron pocos los casos mediatizados. Tomando como ejemplo al “surfer”, y sus videos posteriores, vemos un encuadre de la actitud punitivista (y hasta gendarme de la sociedad): en un video se ve claramente como no solo policías que custodiaban al personaje en la ciudad balnearia, sino también vecines que hostigaban y se indignaban ante la desobediencia civil.

Dentro del grupo de personas que no respetan la cuarentena (el 8.3%), se encuentra un fuerte sector que su incumplimiento se debe a condiciones materiales de subsistencia. De ese porcentaje, más de la mitad (58,7%) sale de sus hogares para trabajar. Es el universo de los cuentapropistas, los monotributistas, los changueros.. El gobierno para paliar esta situación, decretó un Bono Familiar de Emergencia, donde se va a estar entregando $10.000 por grupo familiar para sustentar la situación. 

Aunque las medidas económicas tienen una evaluación positiva en torno al 58,4%, se entiende que hay deudas pendientes. Dentro de la dicotomía que el mismo sistema capitalista busca imponer, el gobierno de Alberto Fernandez eligió la salud (y por ende, la vida) de la población. La intervención del Estado en la economía es fundamental para evitar los sobreprecios y garantizar el abastecimiento de recursos. El 90,8% de los encuestados cree que los sectores económicos especulan con los precios de sus productos. Ante el aprovechamiento, y relacionado con el rol punitivo que la sociedad parece estar ejerciendo, un 95,5% está a favor de aplicar el código penal a los comercios que no respeten los precios máximos emitidos por la secretaría de comercio.

El 21 de marzo se acaba el verano y comienza el otoño. El 19 de marzo pareció materializarse lo que el 10 de diciembre del 2019 parecía avecinarse: un cambio de paradigma donde el Mercado debería ceder terreno como regulador social, hacia el Estado. Circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias, y es en esta coyuntura donde vemos como imagen gráfica, la representación del Leviatán con Alberto Fernandez a la cabeza.

Un dato a tener en cuenta: hay un 37,5% que cree en la transparencia de los datos, y hay un 37,5% que no. Podemos entender este empate como un problema. ¿Cómo un gobierno con una imagen positiva puede tener tal desconfianza de datos? 

*Equipo de licenciados y estudiantes de UNLaM

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