Solas, confinadas y violentadas

Por Abel Ramírez Guerrero[1]

Introducción

La violencia constituye una problemática abordada en distintos estudios, recortes de prensa, reportajes televisivos, así como en diálogos cotidianos ciudadanos. Es una constante en las sociedades modernas que se ha expresado de múltiples formas: física, sexual, patrimonial, psicológica, institucional, simbólica, entre las más tratadas por distintas/os académicas/os de las ciencias humanas (Hernández 2002; Blair Trujillo 2009; Parra y Tortosa 2003; Glockner 2017; Posada 2017). No obstante, cada uno de los ámbitos mencionados tiene componentes y elementos que la hacen más o menos visible; cada uno responde a formas de organización social, cultural, política y económica de los conglomerados en los que surgen; cada uno tiene relación directa con una maquinaria narrativa y con una forma de nominar los cuerpos y las cosas (Barraca Mairal 2011). Es decir, el lenguaje atraviesa todo aquello que se engarza con la violencia. Esta, se ubica en todos los espacios de la vida humana: está en lo doméstico, en lo público, en lo laboral o en lo educativo, y por la forma en la que está organizada la sociedad (OPS/OMS 2002) son las mujeres las que han llevado, históricamente, la peor parte.

La Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud, en su informe, hace mención al fenómeno de la violencia como “un problema complejo, relacionado con esquemas de pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en el seno de nuestras familias, comunidades, fuerzas que pueden traspasar las fronteras nacionales” (OPS/OMS 2002, 9). Evidentemente, la referencia es a la violencia como un fenómeno social que nos atraviesa, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad para movilizar conductas e imaginarios colectivos. No es estática: muta, se mueve y se adapta a los distintos contextos a nivel mundial. En se sentido, es posible asegurar que la violencia está inscrita en una complejidad práctico-discursiva que se engarza con una serie de contextos, circunstancias y relaciones. Desde esa perspectiva, pensar en la erradicación de la violencia no es imposible ya que es un fenómeno social fuertemente arraigado a la cultura, a la historia, a la política y a la economía.

El mismo informe de la OPS/OMS, afirma que las condiciones están dadas para que se piense que la violencia es una condición innata al ser humano. Por ello, se señala en el documento, “se la percibe a menudo como un componente ineludible de la condición humana, un hecho ineluctable ante el que hemos de reaccionar en lugar de prevenirlo” (OPS/OMS 2002, 11). En ese marco, una gran variedad de espacios, instituciones y grupos sociales se han convertido en portavoces y denunciantes de uno de los fenómenos más complejos y tortuosos que afectan en gran medida a las mujeres: la violencia en cualquiera de sus expresiones.

Violencia, estructura y mujeres

Dada su carga histórica, referirse a la violencia en términos cotidianos, domésticos y/o académicos supone “abordar cuestiones complejas de índole moral, ideológica y cultural, de ahí la frecuente renuencia a comentar el tema, tanto a nivel oficial como personal” (OPS/OMS 2002, 13). Pese a la dificultad de su abordaje, la OMS ha definido la violencia como

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones” (OPS/OMS 2002, 5).

El acercamiento a la definición de violencia es vital porque permite abarcarla de acuerdo a condiciones psicológicas, físicas, colectivas y/o individuales. A su vez, abre un camino importante para ubicar la violencia, sobre todo la que sufren las mujeres, en el espacio de la salud pública. Esto, adicionalmente, implica reconocer que la violencia que reciben las mujeres es un fenómeno social con altos costos para los estados. Al respecto se menciona que “las víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria significativamente elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren maltrato” (OPS/OMS 2002, 20).

Esta realidad violenta por la que atraviesan las mujeres no responde a un contexto local específico. Más bien, se inserta una estructura que (nos) ha ubicado a los hombres en la cima de la pirámide. El mundo y su organización ha sido edificado “a imagen y semejanza” de los intereses, condiciones, posicionamientos y requerimientos masculinos. Hemos sido la vela mayor de una embarcación que somete y sometía sin piedad. Por ello, y a raíz de la necesidad de búsqueda de igualdad, las mujeres se han organizado en distintas épocas, en distintas regiones, bajo distintas plataformas para conseguir una sola cosa: justicia social, política, económica y cultural en un entorno que no cede.

Violencia y coronavirus, dos pandemias que golpean a las mujeres.

Ecuador, gracias a la capacidad organizativa de los movimientos feministas, se ha convertido en un pilar fundamental para entenderlas como un fenómeno social fuertemente adherido al sistema, y como un conflicto al que le faltan recursos, políticas de Estado y soluciones efectivas que eviten o disminuyan esas violencias. Los datos que se evidencian en artículos académicos, recortes de prensa, textos especializados, estadísticas gubernamentales, dan cuenta de la violencia hacia la mujer como una realidad indiscutible, y como una problemática que requiere de soluciones inmediatas y específicas que no deje de lado el contexto de cada grupo social y de cada mujer afectada. Las víctimas, en su mayoría, además de tener una relación cercana con su agresor, viven con él. Por ello, en muchos casos, la posibilidad de salir al ámbito laboral implicaba un escape temporal a todos los daños recibidos.  Sin embargo, la crisis sanitaria actual ha hecho que esta violencia se complejice aún más.

Antes del inicio del confinamiento obligatorio por la pandemia, la OMS (2013) indicó que la violencia de género es un problema de salud mundial que tiene dimensiones insospechadas. También, la misma institución, dejó claro que al menos el 30% de mujeres en el mundo la sufrirán en alguna instancia o momentos de sus vidas. Ya en el contexto de la pandemia, México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú -entre otros países- han denunciado, a través de distintas plataformas e instancias, que la violencia contra la mujer en el vigente contexto aumentó considerablemente.

Pese a ello, el Estado no ha mostrado, al menos en el corto plazo, acciones y/o políticas encaminadas a la reducción de las distintas expresiones de violencia que sufren las mujeres a lo largo y ancho del país. Para las víctimas, indudablemente, se juntan una serie de variables que en muchos casos desconocemos. Estas, por nombrar algunas, son  de carácter económico, las vinculadas con maternidad, el temor a las represalias por parte de su agresor, las amenazas, la falta de redes que sostengan el proceso de recuperación física y psicológica, etc. Las mujeres, así, se encuentran frente a un panorama que por centurias -en gran medida- no ha cambiado: ellas, durante las distintas crisis, guerras o hambrunas son las más afectadas.

En ese contexto, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el 14 de mayo del presente año –a través de una presentación virtual– se refirió a la violencia hacia las mujeres en distintos niveles entre los que están las mujeres y niñas con discapacidad. Para el 2 de abril, el CNIG emitió un comunicado en el que se exponía la realidad a la que las mujeres se enfrentan durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en Ecuador. El documento, entre otras cosas, hace alusión a la importancia de mantener cuidar y reparar el cuerpo, la mente y los espacios en el que ellas cotidianamente se desenvuelven. Esto, en referencia no solo a la carga laboral relacionada con los cuidados, sino con la violencia en sí misma.

Así, sugiere el CNIG, que la violencia contra las mujeres no solo se da al interior de la trama pandémica a nivel mundial, sino porque estructuralmente hombres y mujeres nos encontramos en posiciones distintas que están marcadas por una serie de factores entres los que destacan en cultural, el económico, el político y todo el entramado social y moralista que nos atraviesa. En ese sentido, es vital reconocer que los roles de género juegan un papel importante en cómo se desarrolla la violencia. En definitiva, porque los roles de género

[…] tradicionalmente asignados a hombres y mujeres sobrevienen en la feminización de las profesiones relacionadas con los cuidados, son las mujeres quienes están mayoritariamente en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria, y expuestas a un mayor riesgo de infección por las profesiones y tareas que ejercen como trabajadoras y profesionales sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidadoras (CNIG 2020).

A toda la carga laboral relacionada con la asistencia a la crisis sanitaria hay que agregarle la del hogar. Esa que espera, siempre, porque estamos convencidos que su trabajo como mujeres – madres, hijas, esposas, etc. – está dentro de esas cuatro paredes a las que llamamos domicilio.  Añadir a eso la violencia doméstica y de género coloca a las mujeres en una posición de desventaja emparentada con la salud, la política y la economía lo que merma sus capacidades de empoderamiento, desarrollo e independencia. Son cientos de miles de mujeres que están confinadas en sus casas, pero ese espacio es el menos seguro. Su agresor está con ellas las 24 horas del día, los siete días de la semana y de esto ya van aproximadamente tres meses. El CNIG, al respecto, asegura que

En contextos de emergencia la violencia contra las mujeres basada en género, particularmente la violencia intrafamiliar aumenta debido a las tensiones y conflictos en el hogar. Si bien la medida de aislamiento domiciliario es necesaria para prevenir la propagación del COVID 19, muchas mujeres se ven forzadas a permanecer con sus agresores en el hogar, lo cual pone en riesgo sus vidas (CNIG 2020).

 En última instancia, las mujeres (si no todas, al menos un gran porcentaje de ellas), tienen que lidiar con la carga laboral, con la imposición cultural de hacerse cargo del hogar, con una moral y una crítica social que la juzgará desde distintas aristas y con la violencia de la que constantemente son víctimas. Han pasado tres meses desde que el Gobierno de Lenin Moreno anunció el aislamiento y el encierro. Tres meses en los que los grupos feministas y las redes de apoyo a mujeres violentas han creado una serie de estrategias para prevenir y ayudar a las mujeres que viven en condiciones de violencia. Tres meses que, para muchas, puede significar una eternidad.

Los datos están ahí. Un gran número de mujeres han denunciado violencia intrafamiliar y de género. Menciono algunos titulares que han sido publicados por varios medios de comunicación en relación a la mencionada violencia: Mujer fue asesinada por su expareja en Guayaquil. El hombre intentó suicidarse (El Comercio); Confinamiento y violencia de género (La Hora); Mujer de 31 años fue asesinada por su pareja en Galápagos (El Comercio); Violencia de género durante la cuarentena: 235 mujeres llaman diariamente al 911 en Ecuador por abusos en sus hogares (RT Noticias); 186 delitos sexuales denunciados en20 días de aislamiento (El Comercio); El confinamiento aumenta la violencia doméstica (Ecuador Willana);  COVID 19: violencia de género en confinamiento (Chakana News);El ECU registró 7954 llamadas por violencia intrafamiliar durante la emergencia sanitaria (El Comercio).

Ahora que iniciamos junio, también dentro de las cuatro paredes, es de suma importancia retomar las palabras emitidas por el CNIG:

El hecho de que el conjunto de la población, en circunstancias como la de esta emergencia sanitaria, pueda ser considerada “vulnerable” nos muestra la importancia de resolverla necesidad social del cuidado, que no implique hogares sobrecargados, asumiendo los cuidados y una desigualdad de género que afecta mayormente a las mujeres, por la división sexual del trabajo, tanto en el ámbito remunerado como en la distribución de tareas y actividades en el interior de los hogares (CNIG 2020).

Es innegable, entonces, que la violencia tanto dentro como fuera del contexto del COVID-2019, es una muestra más de la existencia de una brecha significativa entre la igualdad formal y real de las mujeres. Una realidad que debería ser afrontada por las instancias del Estado, una realidad que debería ser visible y ser solucionada. Una realidad que, lo mismo que el coronavirus, está frente a nosotros/as como una pandemia más, una a la que no le encontramos salida alguna. Solas, confinadas y violentadas es ese el escenario que atraviesa a un gran porcentaje de mujeres en el Ecuador. Estamos a punto de llegar a los 90 días de encierro y aislamiento. Tres en los que la violencia contra las mujeres no muestra indicios de disminución y en los que las víctimas se ven en la obligación –y en muchos casos en la necesidad– de permanecer junto a quienes las violentan.

Manifiestamente, son noventa días en los que el miedo a la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial se incrementa; noventa días en los que el encierro obligatorio puede ser el epítome de una condena inacabable; noventa días en los que sus vidas penden de un hilo; noventa días en los que esperan respuestas, ayuda, redes que solo aparecen gracias a los colectivos feministas; noventa días en los que el Estado no propone salidas inmediatas a una problemática que cada día se agudiza un poco más.

Conclusiones

Nosotros, los hombres, hemos sido diseñados culturalmente para creer/nos el cuento que indica que la mujer siempre ha de estar subordinada. Esa es una práctica discursiva que se instala en nuestros cuerpos y que se expresa en nuestras cotidianidades. No obstante, deconstruir la forma en la que se erigen esas masculinidades es también vital para la generación de una sociedad más igualitaria, equitativa y sin violencia en donde las mujeres son las que viven el peor escenario. Parte importante de esa deconstrucción tiene que ver con la descosificación de las mujeres. Para nosotros, por centurias, las mujeres han sido ubicadas en el hogar, en la maternidad y en los cuidados. Todo forma parte de una atmósfera macro que implica pensar que los hombres y las mujeres tenemos previamente definidos roles, comportamientos y actitudes.

Por centurias, la subordinación de las mujeres ha estado relacionada también con el control de sus cuerpos y de su sexualidad. Por tanto, las violencias física y sexual no eran ajenas a sus realidades, eran parte constitutiva de su cotidianidad. A eso, hay que sumarle los daños en términos psicológicos que sufrían las mujeres y la imposibilidad para manejar -si en caso tuvieran- sus propios recursos materiales y económicos.  Esa carga -pesada, dicho sea de paso- ha mutado y ha encontrado las formas de perseguirnos hasta la actualidad. Una modernidad que se ha enfocado en deslegitimar los movimientos de mujeres a partir de narrativas vinculadas con la moral, con la familia, con la religiosidad y con los cuidados.

Por tanto, no es extraño que las víctimas de violencia de género sigan siendo (entre otros grupos) las mujeres. Esa violencia que se presencia en el hogar; que ha impedido que encuentren las rutas para un empoderamiento efectivo; que ha suplido la felicidad por maltratos físicos, psicológicos y sexuales; que se convierte en temor constante por su salud y, en muchos casos, por la de sus hijos/as. El Ecuador, es un país en el que la violencia se ha decantado en innumerables espacios y condiciones socio-económicas, y la llegada de la pandemia con cuarentena incluida significó el inicio un drama aún más complejo para las mujeres que conviven con sus victimarios.

Por ello, no es descabellado pensar en la necesidad urgente de tomar medidas que prevengan y atiendan a las mujeres que son víctimas de violencia. La cuarentena, además de complejizar las condiciones de ellas, ha hecho que quede sobre la mesa una realidad que por décadas se ha querido negar: el hogar como el espacio más seguro para mujeres violentadas. Como colofón, el país (y todos los estados), deberían encaminar sus esfuerzos para evitar que la violencia sea una constante que maltrata física, psicológica, sexual y patrimonialmente a las mujeres. Históricamente, el mundo tiene una deuda eterna con las mujeres. Solas, violentadas y confinadas no debería ser una variable inmutable, sino una condición que merece tratamiento, apoyo y acompañamiento urgentes.

Bibliografía

Barraca Mairal, Javier. 2011. El lenguaje de género como violencia y promotor de la      misma. En Revista Interdisciplinar de Ciencias de la Comunicación y   Humanidades: Comunicación y Hombre. Universidad Rey Juan Carlos: España.

Blair Trujillo, Elsa. 2009. “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de   una definición”. En Revista Cultura y Política. No. 32. P.p. 9 -33. Universidad            Autónoma Metropolitana: México.

Hernández, Tosca. 2002. “Des-cubriendo la violencia”. En Violencia, sociedad y            justicia en América Latina, compilado por Roberto Briceño León, Pag. 57-81.              Buenos Aires: CLACSO, ASDI.

Glockner, Valentina. 2017. “Violencia estructural y buenas intenciones. La antropología            de la infancia en contextos de extrema vulnerabilidad”. En Micropolíticas de la violencia. Reflexiones sobre el trabajo de campo en contextos de guerra,          conflicto y violencia. Coordinado por Yerko Castro y Adèle Blazquez. Paris:   Laboratoire Mixte International. P.p. 22 – 33.

OPS/OMS. 2002. “La violencia un problema ubicuo”. En Informe Mundial sobre           Violencia y Salud. Washington: OPS/OMS.

Parra, Daniel y José María Tortosa. 2003. “Violencia estructural: una ilustración del       concepto”. En Revista de Ciencias Sociales y Sociología Aplicada. (131): 57-72.

Posada, Luisa. 2017. “Sobre Bourdieu, el habitus y la dominación masculina: tres           apuntes”. En Revista de Filosofía. (73): 251-257.

[1] Investigador, docente y promotor social. Sociólogo por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Antropología y Especialista en Género, Violencia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador. Investigador de campo para la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria.

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