Los Dueños

“La protección del grano puede asimilarse a la protección de la propiedad privada, y la voluntad que ha surgido para abatir una protección particular, de un grupo, puede proponerse, con la seguridad de terminar con, de abatir también la protección de clase”.

 Anotonio Gramsci

Por Nicolás Fernández

Tensiones, fantasmas y movilización, eso desató el comunicado de expropiación de Vicentín. La tensión política con el sector agrario, el fantasma de encontrar al gobierno de turno enfrentado a la Sociedad Rural como lo fue durante la 125 -en el 2008- y la movilización que se llevó a cabo el sábado 20 de Junio en contra de la expropiación, en defensa de la propiedad privada de la empresa; suman un frente de batalla en el escenario político de la Argentina.

El objetivo de este texto es reflexionar sobre la tensión política que abre y rodea al episodio de expropiación de Vicentín. Dado que ya se ha hablado y escrito mucho al respecto, queda por sentado que todxs sabemos que la empresa tiene una deuda con el Banco de la Nación, que entró en cesación de pagos en el 2019 y que se encontraba en concurso preventivo de acreedores antes del comunicado del presidente en el que se anunció la intención de expropiarla.

Empezando por la movilización, podría causar sorpresa y observarse cierta disociación por parte de lxs manifestantes, subyacente en el reclamo al Gobierno. La expropiación a manos del Estado significa que la empresa pasa a ser patrimonio nacional, y no del presidente o de un partido político. Al mismo tiempo, la protesta parece burlar las reglas del capitalismo. Una de las frases circulantes en redes sociales fue: “hoy van por Vicentín, mañana van por mi casa”. Sin embargo, cuando uno accede a un crédito hipotecario, si no paga el mismo, el banco el expropia el bien, lisa “regla del mercado”.

Entonces, solo encontraría racionalidad el acto de los manifestantes en una identificación de intereses, en una simpatía con el sector damnificado, lo que agita el fantasma de la 125, que habita en el imaginario colectivo en la posibilidad de repetir el enfrentamiento entre el Gobierno y la Sociedad Rural. De que se parta en dos la plaza del congreso, que se levante el “campo” y remueva simpatías en la sociedad civil para hacer de su reclamo una demanda popular. Sería obtuso creer que un hecho se repetiría de iguales condiciones, lo cierto es que la tensión política existe.

La tensión es un componente en sí de la política. Si comprendemos que la política integra a la disputa por el poder, el mismo no es estático, está siempre en puja. Entonces, es algo esperable, predecible y por lo tanto racional que el caso Vicentín ponga en movimiento las fichas del tablero político. Lo que debiera demandarse es la sinceridad intelectual de todxs aquellxs que se expresan en algún sentido, eso es lo que no resulta siempre visible en los diarios, en la televisión y en las redes sociales.

Retomando la idea de creer que no se puede repetir un hecho de iguales condiciones, la quema de pastizales que puso bajo humo a Rosario recordó a más de unx lo acontecido en el 2008 y las ciudades que fueron afectadas por las mismas. A pocos días de haberse anunciado la expropiación de Vicentin y luego de haberse firmado un acuerdo de suspender las quemas por 180 días -entre autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Nación y autoridades provinciales de Santa Fe y Entre Ríos-, las islas frente a Rosario fueron teñidas de naranja a consecuencia de las llamas provocadas.

La quema de pastizales es una práctica habitual de actividad agropecuaria, pero existe la ley nacional 26.562 que las regula, y no fue cumplida. Lo cierto es que el daño ambiental como consecuencia de los incendios llevó a que Rosario registrara valores de contaminación en el aire 5 veces mayor al permitido. Juan Cabandié como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tuvo una activa participación en el conflicto, declarando la emergencia ambiental, denunciando penalmente a los propietarios de los terrenos donde ocurrieron las quemas, yendo dos veces en una semana a la zona de afectada y articulando con los gobernadores, Omar Perotti y Gustavo Bordet.  El incendio fue extinguido, dejando una huella de daño ambiental.  El hecho no pasó a mayores, pero movilizó a la población rosarina dejando un mensaje.

“El campo”, ¿es el mismo campo que por el 2008? ¿Existe la misma licencia social para aquellas actividades agro-productivas que hace años? Lo ambiental se ha sumado al tablero, para ser tenido en cuenta y como reclamo social, no por iniciativa partidaria política.

Los desmontes denunciados por Greenpeace durante la cuarentena responden a la ampliación de la frontera agroproductora y el monocultivo de soja. Las manifestaciones en Mar Chiquita contra la ordenanza municipal que permite fumigar a 150mts de los hogares, responden al daño que provocan los agrotóxicos en las personas, el suelo, el agua y los animales. En Diciembre del 2019, Mendoza se levantó contra la megaminería y en defensa del agua. Si a esto le sumamos el avance de la agroecología y el creciente aumento de alimentos agroecológicos en las mesas de lxs argentinxs comprenderemos que también hay tensiones para “el campo”.

En esta pandemia, como consecuencia de la crisis socio-económica, han crecido las experiencias de articulación entre organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (con su campaña “El campo que alimenta”) y organizaciones barriales, sociales, clubes de barrio, merenderos y ollas populares. La discusión ya no es solamente comer, sino qué comer.  Se trata de alcanzar productos sanos y seguros, que no contienen agrotóxicos en su proceso de producción; que reconstruyen lazos sociales, entre productores y consumidores. La soberanía alimentaria también pasa por ahí y ese concepto fue utilizado por Alberto Fernández al hablar de Vicentín.

El 18 de Junio Santiago Cafiero expuso ante el Senado, en su informe de gestión, donde se refirió a la posibilidad de generar un nuevo contrato con la ciudadanía que deba reflejar tres sostenibilidades: “la económica, la social y la ambiental”.

Sin dudas, las sociedades complejas en las que vivimos, cambiantes y con nuevas demandas hacen reflexionar que por más fantasmas que se agiten ante el caso Vicentín, no se trata de la 125. Si la cuerda debe tensarse y la tensión reina, esta vez, que la soga encuentre mayor extensión del lado de las mayorías, porque si algo debe modificarse post-pandemia es en el camino hacia un país más equitativo, igualitario e inclusivo, mediante un desarrollo sostenible con perspectiva ecológica. Es hora de que se revierta la frase de Don Osvaldo: “Los que pagan siempre deberán, los que deben nunca pagarán”.

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