En busca de un Frente Provincial

Por Alejo Spinosa

El 1 de julio entró en vigencia la nueva “Ley de Alquileres”, que estuvo demorada durante un largo tiempo durante la presidencia de Mauricio Macri, pese a las crecientes demandas de las distintas agrupaciones de inquilinos. En líneas generales, la ley establece cambios en las reglas para los contratos de locación que beneficiarán a los inquilinos, modificando el Código Civil y Comercial de la Nación.

Entre los principales puntos de la Ley se puede mencionar el aumento del tiempo mínimo legal de los contratos de dos a tres años, la aceptación de dos garantías entre una lista que incluye título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución y garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario. Además, el importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler. Otro punto importante es la obligatoriedad de inscribir los contratos de alquiler en la AFIP y la creación del Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.

En los medios nacionales la discusión se suele apuntar hacia lo que sucede con los alquileres en la Capital Federal, en parte por la existencia de distintas agrupaciones de inquilinos de este distrito, pero el problema es común a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los últimos tiempos surgieron distintas organizaciones agrupadas bajo la problemática de la vivienda en la Provincia de Buenos Aires, que tienen como objetivo común agruparse en representación de toda la región bonaerense.

El 23 de julio, distintas Agrupaciones de Inquilinos de la Provincia difundieron un comunicado señalando la problemática del sector, y haciendo especial énfasis en la implementación de una tarifa social y la readecuación en las tarifas de los servicios públicos “que refleje el costo legítimo de brindar un servicio de calidad”. Consideraron que se deben revisar los contratos con las empresas de servicios públicos y, de ser necesario, revocarlos, ya que el pago de los mismos representa, junto con el alquiler, el 50% de lo que destina una familia inquilina para tener una vivienda digna.

“Más allá de la aprobación de la Ley Nacional de Alquileres que introduce regulaciones imprescindibles para garantizar el derecho a la vivienda es necesario que se revise la incidencia de los servicios públicos en el ingreso familiar para que cumplan su función de bien público y dejen de ser un negocio especulativo de unos pocos a costa de las mayoría”, señala el comunicado firmado por agrupaciones de inquilinos de Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Vicente López, Morón, Quilmes, Mar del Plata y Tres de Febrero.

Otro de los puntos del documento es la exclusión del costo del alquiler en el cálculo de la canasta básica, lo que lleva a que no se refleje la situación de las inquilinas y los inquilinos en las cifras oficiales de pobreza, en un contexto donde quienes alquilan se encuentran cada vez más endeudados, y con una considerable perdida de sus ingresos.

Organización en los distritos

En Morón surgió el “Frente de Inquilinos”, organización que busca agrupar tanto a vecinos y vecinas ya organizados previamente en otros espacios de discusión política, como a aquellos que exclusivamente se ven movilizados por la problemática del alquiler y de su regulación.

Para conocer más como es la organización en este distrito, la revista Primera Generación se comunicó con dos integrantes del Frente de Inquilinos de Morón, Glenda Teves y Joaquín Saccone, quien resaltó: “La primera acción puntual que tuvimos fue lanzar una encuesta por las redes para acercarnos a los vecinos y vecinas y conocer sus problemáticas, para ver cuáles son las más que aparecen en nuestro distrito”. La realización de una encuesta fue algo que se realizó en varios municipios.

Respecto a la respuesta que debe brindar el Estado, manifestó que “la idea es conseguir un espacio institucional que articule con el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo, para que los inquilinos tengan un lugar que les defienda el alquiler justo”. De esa manera, el frente podrá canalizar por la vía institucional los reclamos de los vecinos y vecinas, buscando “frenar los abusos y excesos tan frecuentes en los alquileres”.

Por último, Saccone consideró que también son víctimas de la política de dolarización de tarifas del gobierno anterior, ya sea en el caso de quienes alquilan viviendas como los inquilinos de comercios. “Es indispensable desdolarizar tarifas y segmentar sus cobros para que paguen más aquellos que puedan, aplicándose gravámenes a las grandes riquezas y a las viviendas ociosas”, exigió.

Por su parte, Glenda Teves destacó: “Uno de los temas que se trataron es el de las condiciones que nos ponen a la hora de alquilar: Si tenés hijos, si estás sola, si tenés o no mascota. Esas condiciones que a veces dependen del dueño y que son trabas que complican sobre todo para los que tienen familia”.

San Martín es otro de los distritos donde los inquilinos se organizaron realizando un informe sobre la situación de los vecinos que alquilan en el contexto de la cuarentena. Del relevamiento, obtuvieron que el 58% disminuyeron o dejaron de percibir sus ingresos, por ende, el 38% no pudo pagar la totalidad del mes de junio.

Según informa el portal web Qué pasa, el 45% de los encuestados y encuestadas manifestó haber sufrido un incumplimiento por parte de la inmobiliaria o del propietario por no haber bancarizado los pagos mensuales, haber sido víctima de amenazas, hostigamiento e intentos de desalojos, como también el no congelado sus tarifas tal como establece el DNU 320/2020.

En Vicente López también se están debatiendo políticas y acciones frente a la problemática de alquileres mediante el surgimiento de la agrupación “Inquilinos Unidos”, la cual mantuvo una reunión con sus pares de la Provincia de Buenos y el INADI. Según un comunicado difundido por la agrupación, el objetivo del encuentro fue mostrar la preocupación del sector a partir de la crisis desatada por la pandemia, la cual trajo consigo situaciones de discriminación por tener hijos, nacionalidad o género al momento de querer firmar un contrato de alquiler.

En el comunicado se destaca la problemática respecto a las víctimas de violencia de género, por lo que se la agrupación sostiene la necesidad de “tener un programa de vivienda protegida que atienda de manera urgente estas situaciones y/o un subsidio que facilite que puedan alquilar, garantizando su seguridad y el derecho a la vivienda, buscando avanzar conjuntamente con el Ministerio de Hábitat en la reglamentación del Art 17 de la Ley de Alquileres”.

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