El costo de la unidad

Por Nahuel Nicolás Peña

El liderazgo político de Alberto Fernández durante los primeros meses de gestión, atravesado por el cisne negro de la pandemia, se centró en sostener como sello distintivo la búsqueda de unidad de la dirigencia política nacional y el consenso de la sociedad. Con la llegada del virus a nuestro país en marzo del corriente año, la reacción rápida del Ejecutivo con la instauración de la cuarentena en todo el territorio argentino, logró un buen impacto en la sociedad y generó un rápido cierre de fila con los gobernadores de los diferentes partidos a nivel nacional.

Tal como se ha observado en diferentes experiencias, los contextos críticos son siempre una buena oportunidad pare reunir fuerzas y desplazar disidencias. La aceptación generalizada de los rápidos reflejos del Gobierno Nacional llevó al Presidente a una elevada legitimidad social, obligando esto a la oposición política a plegarse y aceptar pasivamente la gestión sanitaria.

Los famosos aplausos de las 21, las tapas de los diferentes diarios de alcance nacional apelando a la unidad, y la unificación de criterios de los diferentes dirigentes, parecían dar lugar a la utopía de una sociedad sin política. De las entrañas de la grieta irreconciliable parecía haber nacido, con el covid-19 como partero, una nueva “Argentina Unida”.

Esta ilusión tardó muy poco en desvanecerse, tanto por el propio desgaste que generó la cuarentena y su pérdida de legitimidad social, como por la simple necesidad del Gobierno de tomar decisiones de impacto político. Siempre, al momento de dejar de actuar reaccionariamente y tomar la iniciativa de alterar en serio el statu quo, algo para lo que cualquier proyecto político agarra el timón, hay que enfrentar resistencias e ingresar en el terreno de la disputa política.

Entre el conflicto y la parálisis

Alberto Fernández ha sostenido en diversas declaraciones públicas que el suyo busca ser el Gobierno de la unidad nacional. Emulando al último mandato del Gral. Perón, su vocación conciliadora lo ha llevado a tejer una interesante cercanía con dirigentes del ala dialoguista de Cambiemos, y también con el “tercero en cuestión”, Consenso Federal. El denominador común de estas alianzas parece ser su fragilidad: dependen de no hacer casi nada, al menos nada que no sea de aceptación prácticamente unánime, lo que es muy poco.

Expropiación de Vicentín, impuesto a la riqueza, aborto, ¿reforma judicial?, son ejemplos hasta el momento de lo que se ha mencionado previamente: decisiones controvertidas que vienen a meter mano en serio sobre la realidad. Embarcarse en estas cuestiones, que presente análisis no busca abordar de forma pormenorizada, implica tensar las cuerdas con las demás fuerzas políticas y también, lógicamente, dentro de la sociedad.

La actitud del Gobierno hasta el momento frente a estos dilemas ha sido la de tantear el terreno, tirar la piedra, y finalmente retrocerder. Los fantasmas de la 125 aún acechan al peronismo, y sus dirigentes más centristas -Alberto incluido-, han logrado inclinar la balanza hacia la moderación. La agenda propia de la gestión por el momento ha quedado siempre relegada a las urgencias, y frenada por la respuesta opositora y de sus portavoces -medios y periodistas afines-.

El camino de la moderación y el consenso se codea con un fino límite: ser un Gobierno reaccionario, que cede la iniciativa política y compra una agenda instalada por otros. La capacidad de imponer cuestiones, de marcar la impronta con políticas propias y de generar cambios sobre la vida de grupos diversos de ciudadanos, depende muchas veces de abrir focos de conflictos. Escoger cuales abrir y en qué momento es la virtud del buen político, pero hay que saber que siempre que se meta mano en serio sobre la realidad, se encontrarán reacciones.

Buscar una gestión que se base en un amplio consenso y promueva la unidad nacional es claramente algo anómalo, en un sentido virtuoso. Es imposible lograr políticas a largo plazo y un desarrollo sostenible si no es sobre la base de acuerdos mínimos. Pero muchas veces la mejor virtud se convierte rápidamente en una debilidad, siendo el exceso siempre dañino.

Si el Frente de Todos busca dejar un legado y reconstruir una identidad política propia, en algún momento deberá salir de la comodidad e ingresar a la arena del conflicto. Quizás sea un análisis prematuro, apresurado, pero esto funciona a modo de advertencia: si la política busca ser una herramienta de transformación social, cualquiera sea el sentido sobre el que se busque volcarla, nunca va a serlo en ausencia de conflicto. Optar por el consenso permanente puede implicar una parálisis insoslayable.

Uno para todos pero no todos para uno

Lograr la unidad entre partes siempre requiere una acción conjunta dónde los diferentes fragmentos busquen voluntariamente atomizarse. O al menos, aunque sea ajeno a la voluntad de algunos, que algún elemento logre – quizás por la fuerza de gravedad- atraer al resto hacia él y fundirse en un todo.

En la escena política nacional ocurrió al inicio de la cuarentena, tal como ha sido descripto, un poco de cada cosa: un tanto de voluntad mutua, y otro poco de fuerza contextual que obligó a la clase política a unificarse. Con el debilitamiento del lazo forzado por la crisis, los menos interesados en la unidad comenzaron progresivamente a diferenciarse y endurecer sus posiciones críticas hacía el Gobierno Nacional.

Esto trajo su impacto en la composición y estrategia política de la oposición: abrió una brecha cada vez más amplia entre el ala dialoguista y la oposición más radicalizada. Tal como describe el célebre teorema de Baglini, a más lejanía de la gestión, mayor irresponsabilidad en las posiciones políticas. Esto deja de un lado a los cambiemitas con cargos ejecutivos, y del otro a los que se encuentran fuera de los escritorios.

La base electoral, el famoso núcleo duro de la oposición, parece sentirse por el momento más cómodo con la representación política sostenida por los combativos, algo que asegura grandes fricciones internas rumbo al 2021.

Queda claro que el costo de la unidad y el consenso no lo paga solo el oficialismo con su incapacidad de accionar, sino también los opositores más apegados, por lógicas causas, al peronismo. Tanto el Gobierno nacional como la oposición paradójicamente corren el mismo riesgo: fragmentarse por buscar la unidad nacional. Necesaria, útil, pero costosa al punto de ser inviable. Al final, por algo existe la grieta: siempre garpa.

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