Realidad contrainsurgente o la necesidad de una paz insurgente para Colombia

Por Lucía Ramírez[i]

Muchas personas hemos quedado profundamente impactadas por el violento trascurrir que tuvo este agosto de 2020 en el país, al menos 10 masacres por distintas zonas del territorio nacional, alrededor de 50 personas asesinadas en estos hechos, más los –tristemente ya comunes- asesinatos selectivos a líderes, líderesas y firmantes de la paz.

En estos tiempos donde la violencia política y estatal[1] se hace más evidente para los centros urbanos de Colombia, vale la pena que reflexionemos sobre el carácter sistémico de estos episodios. Es menester entenderlos más allá del acontecimiento para comprender que estos hechos no son ajenos al ordenamiento político que las elites le han dado al país, por el contrario, son intrínsecos y continuados a lo largo de la historia nacional.

Estas líneas no pretenden hacer un análisis histórico –por lo menos no uno muy riguroso- de ningún fenómeno de violencia, para lo cual hay una amplia producción académica e incluso literaria. Más bien, están orientadas a la posibilidad de conmovernos más allá del espanto, un llamamiento a acercarnos a los procesos y los propósitos sociales que parecen querer ser silenciados de maneras sanguinarias, y por qué no, encontrarnos y reencontrarnos con la esperanza y el compromiso por una paz insurgente, sublevada a la violenta autoridad que calla y censura, una paz que Colombia realmente merece.

Colombia tiene un régimen contrainsurgente

Colombia tiene un régimen contrainsurgente. Este régimen odia las insurgencias de cualquier tipo, no solo las armadas, aunque contra estas haya podido escudarse más fácilmente en el argumento del monopolio legitimo de la violencia, monopolio nunca realmente asegurado y legitimo solo para ellos, los otros que odian las insurgencias más allá de las armadas y que a su vez han promovido la acción bélica tanto por dentro como por fuera del Estado (léase: para estatal, paramilitar) contra toda persona o agrupación que se levante contra sus mezquinos intereses. El odio a las insurgencias campesinas, urbanas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de afros… nos ha ahogado en sangre. Sangre que ha teñido nuestros ríos, nuestros campos, nuestras montañas, nuestras calles.

Ese alma contrainsurgente de nuestro ordenamiento político a veces se ha disfrazado con discursos de democracia, de paz, se ha disfrazado de reformas por debajo de las necesidades, de las exigencias y de las posibilidades que tenemos como pueblo. Estas reformas han sido parte de la estrategia para calmar ánimos insurgentes, sedientos de verdadera transformación social.

Muy temprano en el siglo XX vimos como se le llamó defensa nacional a la criminalización de la agitación, organización y manifestación política en la ley 69 de 1928, la cual daría un marco de penosa legalidad a la “Masacre de las Bananeras”. Ésta a su vez, se convertiría en un triste hito fundador de unas de las estrategias más recurrentes de la acción contrainsurgente en Colombia, que casi un siglo después se usa sin pena –sin tristeza y sin vergüenza- contra todo lo que huela medianamente a “desobediencia”, desde personas que luchan por su gente y sus territorios, organizaciones y aglomeraciones de carácter político o reivindicativo hasta la reunión social de jóvenes en contravía a toques de queda y restricciones impuestas por actores armados –legales y no-, como si eso justificara el silenciamiento de las vidas.

Así, desde 1928 se han usado diferentes recursos  tanto legales como discursivos para atajar simbólica y materialmente a las voces que irrumpen contra el orden social vigente, se han utilizado discursos internacionales para justificar la persecución contra quienes llevaran ideas demasiado radicales, aunándose a los gritos franquistas de los 30 y a los anticomunistas de la Guerra Fría, se ha argumentado a favor de la privatización de las labores policiales y se han creado Estatutos para la Seguridad de todos, o eso por lo menos fue lo que publicitaron mientras la violencia se esparcía por el territorio y se normalizaba ante nuestros ojos.

Se ha usado de manera canalla la noble apuesta por la paz para construir una que sea excusa para el extermino de grupos políticos, como lo hicieron con la Unión Patriótica en los 80, como lo están haciendo en la actualidad con las personas que dejaron las armas para firmar una paz que ahora cuenta por cientos sus sacrificados y sacrificadas, como lo están haciendo con las personas que, contando solo con la convicción que han puesto en sus propias comunidades y en sus capacidades como pueblo, se han propuesto cambiar sus realidades y liderarlas.

Hoy el gobierno afirma que las masacres no han vuelto, sino que nunca se han ido. Resulta enfurecedor -no hay que ocultarlo- que lo diga en esa actitud pusilánime para no tomar la responsabilidad que debería, para mirar a otro lado y dejar que sigan ocurriendo, para culpar “al narco” de esa forma abstracta como si los dineros de éste no llenaran las arcas privadas y hasta las urnas de los gobernantes, como si sus propios discursos, como si sus propios encubrimientos no fueran instigadores de las balas que apagan las vidas que hoy lamentamos.

Resulta enfurecedor, sobretodo porque irónicamente, es cierto; estos hechos de violencia no están volviendo, nunca se han ido de nuestra realidad, como nunca se han ido los asesinatos, los desplazamientos, las desapariciones, cómo nunca se ha ido la estigmatización al pensar en la raíz de las penas que nos aquejan como sociedad. Y con esta realidad que mantiene la escancia de la guerra, no podemos hablar comprometidamente de una paz verdadera.

Colombia merece y necesita una paz insurgente

Nacer en Colombia debería ser sinónimo felicidad y orgullo. Tenemos una tierra fértil, podemos encontrarnos con amplias llanuras acompañadas de arpas vigorosas, fértiles selvas donde suenan marimbas, con la manigua y su sabiduría ancestral, con las playas donde el mar se mece al ritmo de gaitas, tambores y acordeones, con montañas entre las que resuenan tiples con ritmos de los más conmovedores bambucos y pasillos.  

Hay tanto para sentir orgullo en Colombia… sin embargo, ante hechos como los que hemos logrado ver en las últimas semanas, parece que nos inundamos en el espanto y sentimos desde rabia hasta vergüenza de compartir suelo con semejantes atrocidades. Pero ese espanto, tan repetido en la historia, parece no tener un efecto que –en las zonas céntricas- pueda avanzar más allá de unas cuantas palabras de congoja, algún gesto muy público de indignación y de vuelta a la normalización de toda esa sangre en nuestros paisajes, mientras se escupen vacías frases de paz para calmar la conciencia.

Ante el horror tenemos que movernos del espanto que no hace mucho por cambiar nuestra realidad, propongo el orgullo porque razones tenemos. Y frente a tanta muerte, no podemos traicionar lo que más orgullo da el ser de Colombia; su gente más humilde.  Esa a la cual nos debemos, de la que somos herederas y herederos, esa gente que ha corporizado todas las insurgencias contra las que este régimen caduco se ha empecinado. Porque si insurgencia quiere decir “levantamiento contra la autoridad” han sido las personas más humildes de nuestra tierra y nuestra historia quienes le han hecho frente a la autoridad del despojo, a la autoridad del desarraigo, a la autoridad del olvido y en últimas a la de la violencia elitista que usa a la gente y la quiere mientras esté cabizbaja ante tanta ignominia.

Ante esta gente no podemos levantar discursos vacios de esa paz con la que han engañado durante décadas quienes se creen dueños de tanta belleza. Esta gente humilde sabe que en esas palabras huecas se esconden las mismas intenciones de siempre, este pueblo merece que nos unamos, férrea y decididamente en la insurgencia que construya una paz digna de nuestro orgullo. Una paz insurgente.


[1] Digo “estatal” pues si bien no se puede hablar desde lo jurídico con un involucramiento directo de entidades o agentes estatales en los hechos de violencia que motivan estas líneas, hay una clara responsabilidad de este tipo en cuanto a la omisión del deber de protección del Estado (por no hablar de la grave falta que implica el incumplimiento por parte del mismo de un compromiso de tal magnitud como el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP)


[i]  Politóloga y magíster en Derechos Humanos y democratización en América Latina, colombiana residiendo en Buenos Aires. En redes: @_precisoandar

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