Trabajo Social y Salud Mental: sistema carcelario en contexto de pandemia

Por Estefanía Lucía Abal[1]

A partir 19 de marzo de 2020 en la Argentina se implementó el DNU 291/20 que establece cuarentena estricta en todo el territorio a través de fases de administración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como medidas prevención del contagio del COVID 19. En un primer momento obtuvo consenso de la mayoría de la población, pero con el pasar del tiempo, la pérdida de empleo, la crisis económica y los efectos del encierro, se profundizó en nuevos conflictos sociales y en la inestabilidad emocional de las personas. Parte de los sectores de derecha y ultraderecha dirimieron los conflictos sociales y politizaron la cuestión sanitaria con el objetivo de la desestabilización del gobierno actual.

Las manifestaciones masivas “anticuarentenas” cargadas de discursos de odio, fueron reforzadas por los medios de comunicación e incidieron directamente en los estados anímicos de la población. Crearon de manera comunicacional, una disputa bélica de “batalla contra el virus”, y remarcaron los efectos violentos propios del encierro y el enfrentamiento entre la ciudadanía hacia movimientos reaccionarios y representantes.

Por ejemplo, el 24 de abril se colocó en agenda televisiva la situación del sistema penitenciario a partir de los videos del motín de la Cárcel de Villa Devoto, perteneciente al Complejo Penitenciario Federal de C.A.B.A. Los motines hicieron eco de la crisis sanitaria dentro de las cárceles en condiciones inhumanas, que enmarcan la vida cotidiana de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) y los propios trabajadores. Ante esto, los efectos nocivos de las estructuras del poder y el inevitable deterioro carcelario provocaron “la reproducción del comportamiento o actitudes criminalizables” (Zaffaroni, 2015).

Sobre este punto, vale señalar que el sistema jerarquizado con gran falta de ética en las decisiones políticas de la estructura no solo pone en riesgo la vida y la salud de todas las personas que se encuentran dentro, atravesadas por continuos estados de estrés en relación al aumento de las tensiones institucionales.

El incremento de la vulnerabilidad de las PPL en contexto de COVID 19 fue establecido en Declaración conjunta de UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre la COVID-19 en cárceles y otros centros de internamiento para la aplicación de medidas estatales que garanticen la prevención de los brotes de infecciones por COVID 19 y el respeto de los derechos humanos. Se pide el esfuerzo de medidas de países parte, orientadas al acceso a la salud[2], la seguridad y la disminución de la sobrepoblación de las cárceles. Solicita la toma de medidas de arrestos domiciliarios acelerados, se intervenga en quienes tienen prisión preventiva no condenados y son población de riesgo[3]. Y como objetivo se plantea la resolución de la problemática de hacinamiento dentro de las cárceles y el alivio de la atención de la salud, procurando no poner en riesgo la salud pública[4] ni la seguridad de la sociedad. Gran parte de la opinión pública repudió estas medidas no privativas de la libertad, ubicaron a la población de las PPL como merecedoras, no solo de la represión por parte de seguridad, sino también del contagio de COVID 19.

La recordada jornada del 24 culminó con la represión por parte de las fuerzas penitenciarias con balas de plomo entre las de goma, con varios trabajadores internados como consecuencia de quemaduras provocadas por los propios internos, y algunos de ellos, internados por caerse del techo o heridos de las balas. Así, emergió la frase “paredón y balas” que reavivó discursos represivos y punitivos, construyendo un sentido común que atenta contra las responsabilidades social de cuidados y metodologías restitutivas para intentar reparar los tejidos sociales aquellos derechos históricamente vulnerados. De esta manera, los medios de comunicación, que atraviesan diariamente a las comunidades, operaron en pos de construir un debate sobre el tratamiento de las instituciones carcelarias y transmitieron información fragmentada, descontextualizada, que aún presiona y desestabiliza a las instituciones que establecen ópticas restaurativas.

El Trabajo Social en el sistema carcelario

Visibilizar el Trabajo Social en el sistema carcelario es plantear la variedad de sus intervenciones en garantizar el ejercicio de los derechos de PPL. Las tareas profesionales pueden aportar beneficios en sus procesos judiciales, en su estadía dentro de los penales, y principalmente, para generar transformaciones en su persona. Es por esta razón que es necesario producir información desde todos los campos disciplinares, sobre todo en las áreas sociales, que puedan exponer la real situación dentro del sistema penitenciario y sostener nuevas formulaciones de propuestas de resolución de los conflictos.En términos de Gabriel Kessler, “la carencia de un campo de investigación que intervenga en el debate público ha contribuido a la construcción mediática de una ‘cuestión criminal’ teñida de prejuicios y errores, y con implicancias políticas temibles” (2010).

El recrudecimiento de los conflictos sociales impacta en la subjetividad de cada persona y en las intervenciones sociales, tanto por el deterioro propios de la institución, como el aumento de los casos de infectados de COVID 19 en los internos y en los propios colegas. Las intervenciones están obstaculizadas por un contexto totalmente en crisis y obliga a dar cuenta desde una mirada amplia y global todos los factores que inciden en la vida de las personas mismas como también en las tareas de los equipos interdisciplinarios y de los servicios sociales.

La tarea profesional debe ser contextualizada en los marcos sociopolíticos y sanitarios a fin de establecer una relación entre las intervenciones posibles, recursos existentes y metas reales que pueden alcanzarse, para tener en claro el reordenamiento del quehacer en las tareas laborales y sus condiciones de trabajo. Los/as trabajadores/as sociales, se vieron sobrecargados de expedientes y solicitudes de prisión domiciliaria, son quienes se encargan de evaluar a los referentes sociales externos y los riesgos que pueden existir. La intervención es acotada, se siente la falta de presencialidad y corporalidad que aseguran la integralidad en las evaluaciones y en los diagnósticos. Además, la disminución del contacto con el sistema de apoyo de la PPL y la presencia en las revinculaciones familiares no permite crear un panorama de cambio y transformación hacia la inclusión social. Para comprender los obstáculos de las tareas profesionales, se debe visibilizar todas las aristas a trabajar en la promoción de los derechos de PPL.

El servicio social penitenciario cumple funciones en el equipo interdisciplinario dentro del Programa de Tratamiento Individual del S.P.F., funciona a través de fases de evaluación y cumplimiento de objetivos laborales, educativos, médicos, recreativos y progresivos hacia la libertad y beneficios. Estos pueden ser cambios a penales con mejores ambientes y menos riesgos, salidas transitorias, libertad condicional o asistida. Sin embargo, en la actualidad no pueden ser alcanzados por dos razones.

En primera instancia, debido al deterioro de los individuos en sus estados psico-emocionales que no pueden sostenerlas metas propuestas. En segundo lugar, las tareas dadas fuera de la celda no se realizan debido a la suspensión de actividades laborales, educativas y recreativas grupales. Estas razones sostuvieron las demandas de las PPL de todas las cárceles de Argentina y fueron principalmente emitidas en el motín de Devoto. Sumado a la falta de apoyo de los familiares, que se empieza a notar dentro de los pabellones ya que tradicionalmente aportan la asistencia alimentaria, de vestimenta, y productos de higiene. El ASPO obstaculiza las relaciones dentro y fuera del penal. El sistema penitenciario no responde a las demandas básicas de la población carcelaria, no contiene políticas eficientes y orientadas a revertir las situaciones de vulneración y restitución de los derechos para el desarrollo hacia una inclusión social. Además de la agudización de las problemáticas de las personas, aquellas tensiones y deficiencias institucionales se acentúan impactando fuertemente en las intervenciones profesionales de los propios equipos interdisciplinarios.

El aspecto socio vincular de la salud mental y la privación de la libertad

Incluir el campo especializado del trabajo social en el área de salud mental permite comprender los procesos subjetivos que vivencian hoy las PPL. La ley Nª 26.657 de Salud Mental integra la disciplina de Trabajo Social en los dispositivos de atención de la salud mental. Pone en tensión el carácter hegemónico de la medicina concebida meramente orgánica para los tratamientos de medicalización y hospitalización. Se aporta la dimensión social-vincular y terapéutica del tratamiento.

Desde una perspectiva integral no es posible aislar el concepto de salud con el de inclusión social. Entender a la enfermedad como portavoz (Reviere, 1970) de situaciones de vulneración y problemáticas sociales que requieren respuestas integrales, interdisciplinarios e intersectoriales, sin fragmentar al individuo de su propia historia y su contexto de vida como único responsable de su padecimiento. Reconfigura el concepto de personas como objetos a reformar, tratar o curar, para ser reemplazados por sujetos de derechos que requiere de dispositivos de acompañamientos desde todas las áreas.

Las intervenciones sociales en clave de esta perspectiva ponen en jaque las prácticas con lógicas manicomiales para centrarse dentro redes de cuidado entre las instituciones, a través de una filosofía de trato humano. La presencia de nuestro campo disciplinar en el ámbito de encierro, hace frente a aquellas prácticas que despersonalizan las subjetividades de los internos y de los pacientes. Permite ciertos cambios de actitud de los sujetos de intervención. Se transforma el vínculo del profesional con el sujeto, así como su trayectoria dentro de la institución que evita el deterioro como efecto del encierro.

Reemplazar el concepto de des-manicomialización por el de socialización permite el sostenimiento de los espacios sociales – vinculares como resistencias al aislamiento e individualización de las instituciones carcelarias y hospitalarias. Llamar por su nombre a los internos, generar espacios seguros de encuentro entre pares o con sus familiares, realizar escucha activa y brindar herramientas para comprender la propia vivencia son algunas de las mayores intervenciones profesionales.  Las relaciones afectivas son incompatibles con los tratamientos brindados en estos espacios porque no permiten el despojo total de su identidad y sus sistemas de creencias construido antes de su ingreso. No deja actuar las tendencias absorbentes y obstaculizadoras de interacción.

Para quienes no cumplieron con los requisitos de la Declaración Conjunta de la ONU para acceder al arresto domiciliario y cumplen su condena dentro del régimen carcelario, su vida cotidiana se ve mediatizada en medidas aún más estrictas, orientadas a la disminución de la circulación dentro de la institución. Se materializaron en la suspensión de las visitas familiares, actividades educativas, laborales y recreativas dentro del penal, la disminución del contacto con los equipos interdisciplinarios y el aumento de tiempo libre que trae como consecuencia el aumento de horas dentro de sus celdas.

Se produce el triple encierro para las PPL: En primera instancia dentro de sus celdas individuales o grupales, a su vez, dentro de los penales con un régimen carcelario endurecido y, por último, la comunicación escasa con las relaciones familiares exteriores en consecuencia del ASPO. El confinamiento es un factor que incide de manera totalmente negativa en la estabilización psico-emocional de las personas encerradas, se profundizan los desequilibrios anímicos de las personas, lo que genera nuevas crisis psicológicas o la agudización de los síntomas de las patologías mentales ya evaluadas. El aumento de la abstinencia, ansiedad, depresión, miedos, y violencias genera situaciones de riesgo para el propio individuo, así como su entorno social más cercano y mismo en las intervenciones de los profesionales.

A modo de cierre

Las diferentes áreas disciplinares deben sostener la red de acompañamiento en el proceso institucional de las PPL para que puedan abordarse de una manera integral frente a las complejidades de la realidad de cada sujeto. El trato humanizado en la intervención social no debe quedar a voluntad individual de los profesionales, sino que tienen que ser las bases para políticas carcelarias de tratamientos que mejoren realmente la calidad de vida de las PPL. Evitar el deterioro de su subjetividad dentro de la institución, incluyendo también la de los profesionales, permite ampliar un horizonte de mejora en el egreso del penal. El trabajo social no solo intenta transformar las situaciones de vulneraciones de las PPL, sino también de las prácticas criminalización de las propias instituciones.

La idea de la inclusión social de los sujetos provenientes de tratamientos en instituciones totales cada día parece más lejana, la profundización de los conflictos sociales y el aumento de las violencias fragmentan los lazos que podrían acompañar los tratamientos y la mejora de la calidad de vida de las PPL. Entender qué sociedad se conforma en la post-pandemia permite reorganizar las estrategias disciplinares y repensar cuales son los cambios posibles sin dar falsas expectativas a las PPL, ni poner en juego las propias expectativas como profesionales.

Bibliografía

  • ➢     Carballeda, A.J.M. (2008) La Intervención en lo Social y las Problemáticas Sociales Complejas: los escenarios actuales del Trabajo Social. Revista Margen. Edición N° 48.
  • Carballeda, A.J.M. (2014) Intervención, Escenarios sociales y Acontecimiento. Ediciones Margen.
  • Comienza el XII Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. Sociedad. Télam. 5 Septiembre de 2013. https://www.telam.com.ar/notas/201309/31547-la-construccion-colectiva-y-la-desmanicomializacion-ejes-en-el-congreso-de-salud-mental-y-ddhh.html
  • Cuarentena teen: la paradoja del “doble encierro” por Laura Reina. Diario La Nación. 17 de abril de 2020.
  • Darras, C. (2004) Bioética y salud pública: Al cruce de los caminos. Acta bioeth. v.10 n.2 Santiago, Chile. 2004.
  • Dr. E. Pichon Reviere (1970) El concepto de portavoz.
  • Focault, M (1975). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI editores.
  • Galloni, Luciana Laura (2017). Cuidados de salud mental en la red de cuidados de salud: la experiencia del Centro de Salud Nº4. Virgen de Fátima. Rafaela. Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud Centro de Estudios Interdisciplinarios Universidad Nacional de Rosario.
  • Goffman, E.(1972) Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu editores.
  • Histórico: lanzan un plan de contingencia de prevención del suicidio en las cárceles bonaerenses. Derechos Humanos. Del Pueblo Noticias. 30 de Septiembre de 2020. https://fmdelpuebloazul.com.ar/index.php/2020/09/13/historico-lanzan-un-plan-de-contingencia-de-prevencion-del-suicidio-en-las-carceles-bonaerenses/
  • Kessler, G (2010). Sociología del delito amateur. Editorial Paidos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010. Páginas: 296. ISBN: 978-950-12-4525-7.
  • Un largo camino hasta la Ley Nacional de Salud Mental por A. Stolkiner. Dossier de Salud Mental. Revista Soberanía Sanitaria. http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/un-largo-camino-hasta-la-ley-nacional-de-salud-mental/
  • Zafaroni, E. (2015) La filosofía del sistema penitenciario en el mundo contemporáneo. Parte I. Discutir la cárcel, pensar la sociedad. Contra el sentido común punitivo. CSIC Universidad de la República. ISBn 978-9974-32-649-1 Primera edición: diciembre 2015.

[1] Estudiante avanzada de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad Nacional de La Matanza. Becaria de Investigación Científica, Secretaría de Investigación del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de La Matanza.

[2] ART. 1º de a ley 23.661 establece: “Créase el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”.

[3] Mayores de 60 años, embarazadas y personas con patologías crónicas.

[4] Enfoque maximalista de la salud, va más allá del individuo. “Se refieren al entorno que rodea a los individuos y toman en cuenta su familia, su comunidad y la sociedad en general.” según Cristian Darras, consultor internacional de OMS.

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