De grandes fortunas

Por Sol Rosa

Y si de cuestiones importantes se trata, estas últimas semanas estuvieron marcadas por la agenda del oficialismo que sin tomar aire metió: actualización de la fórmula de jubilaciones, visita del FMI y renegociación de la deuda (con coronavirus incluido y guerra de cartas), el envío al Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo junto al programa de “1000 días” y el proyecto de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas que obtuvo media sanción durante la madrugada en cámara de Diputados.
 
Así, en una carrera contra el tiempo y buscando victorias en un año que se agota, el gobierno logró posicionar su agenda e instalar en el debate varios temas en simultáneo. De alguna manera, la suelta del proyecto permitió que varios temas sobre-anunciados, cómo el aporte extraordinario, esquive las balas perdidas de una oposición que optó por un discurso plagado de mentiras, negaciones y distorsiones de la realidad.

De grandes fortunas

Esta atmósfera empantanada se evidenció durante el debate por el proyecto de Aporte Solidario donde la oposición política, en representación de las élites económicas, replicó una batería de sin sentidos que expusieron aún más su lejanía con el ciudadano común. En un mundo donde las economías se caen a pedazos y donde la pandemia puso al descubierto la fragilidad en la que vive gran parte de la sociedad, oponerse a un aporte extraordinario parece ser bastante miope. Así lo muestra una encuesta realizada por la consultora “Analogías” donde el 64,1% de los encuestados se expresó de acuerdo o muy de acuerdo con un gravamen a las grandes fortunas.

Conscientes de eso, durante la sesión del día de ayer, la oposición cimentó sus intervenciones a través de cuatro pilares: la teoría del derrame, la inversión, la presión fiscal y la doble imposición tributaria y el carácter confiscatorio del aporte solidario. Todos estos componentes forman parte de un compuesto discursivo que se repite en el tiempo con distintos chivos expiatorios. La idea de fondo es sencilla, la riqueza concentrada se derrama sobre el resto de la sociedad a través de la inversión y para que esto ocurra deben existir condiciones que incentiven y generen “confianza” a los dueños del capital. Spoiler Alert! una de esas condiciones es la baja de los  impuestos.

Sin embargo, según las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP el 70% de los bienes personales de los millonarios del país (personas físicas con más de 1 millón de dólares en bienes personales declarados) se encuentran en el extranjero. Esto deja en evidencia que el excedente del capital productivo no vuelve en formato de “lluvia de inversiones” cómo lo promulga la fantasía liberal, sino que se va del país y en la mayoría de los casos como fuga. Para ser justos, hay que decir que la “reticencia inversora”, cómo se conoce a la disociación entre la tasa de inversión y la tasa de ganancia, no es un fenómeno local sino un efecto mundial, producto del proceso de financiarización de los sectores productivos. Aunque también es real que existen condiciones que pueden hacer que este fenómeno se potencie, por ejemplo la desregulación financiera y la toma de deuda indiscriminada puede estimular la salida de 86,2 mil millones de dólares, cómo ocurrió durante la gestión cambiemita. Es decir, la inversión de las grandes empresas parece estar más amenazada por la falta de competencia producto de la concentración y centralización económica, que por el sistema tributario.

El otro argumento en contra del Aporte Solidario tuvo que ver con la presión tributaria. Basados en un informe del Banco Mundial la oposición sostuvo que el país tiene la mayor carga tributaria del mundo y que por lo tanto un nuevo impuesto sólo agravaría la situación de las empresas, desincentivando las inversiones, etc. Según este informe, la carga tributaria de Argentina es del 35%, si bien el porcentaje es mayor al promedio de los países sudamericanos (23%) y al de todos los BRICS (28%), es un 6% menor al promedio de los países OCDE y 15% menor que en Francia, Noruega y Finlandia. Sin embargo, la presión sobre las ganancias netas de las pequeñas y medianas empresas es bastante considerable, representando el 106%. El porcentaje parece más alarmante si se lo compara con el 41% de los países de la OCDE. Esta situación se explica porque la carga tributaria de nuestro sistema recae en su mayoría sobre las empresas, siendo más significativo el impacto en las PyME, mientras que en Europa el grueso de los tributos se hacen sobre las personas, cuestión que el aporte extraordinario intenta corregir. Lo curioso es que entre los detractores del aporte solidario figura la UIA, que propone que el aporte recaiga sobre las empresas y no sobre las personas, buscando de esta manera repartir la carga tributaria con las empresas transnacionales.

Finalmente, el argumento de más corte jurídico-técnico, manifestó que el aporte extraordinario ejerce una doble presión tributaria porque opera sobre el mismo universo de contribuyentes, así mismo quienes sostienen esto agregan que la iniciativa tiene un carácter confiscatorio. Estos dos argumentos son fácilmente desarmables, en primer lugar porque el Aporte Extraordinario al ser un aporte por única vez tiene una naturaleza jurídica diferentes al impuesto de Bienes personales y por otro lado porque una cuota del 2 al 3,5% en fortunas de más de 200 millones de pesos no pone el riesgo la condición económica de las personas.

Más allá de estos puntos, el penoso debate de ayer puso en evidencia un sector político que defiende los intereses de los grandes capitales del país, aun en situaciones extraordinarias, pero también la intransigencia de las élites económicas que no logran ver más allá de sus narices. Sin lectura de lo que pasa en el mundo y con una actitud constantemente extorsiva, el poder económico no se muestra dispuesto a ceder. Es que en el día de ayer, aún matizado por la cuestión tributaria y la teoría del derrame, lo que se discutió realmente es la capacidad del Estado para establecer las reglas de juego, no solo para fortalecer su capacidad recaudatoria sino, y  por sobre todas las cosas, para determinar cómo se reparten los costos de la pandemia. En fin, la resistencia de las élites económicas parece tener más que ver con su renuencia a ceder ante un intento de disciplinamiento estatal que a un acto de avaricia.

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